EL ESTADO EDUCADOR

 

Por: Jonathan Flores*

Para ubicarnos un poco en el contexto. La educación de los ciudadanos y su inserción en el proyecto nación es absoluta responsabilidad del Estado. Nos encontramos en un momento crucial de la historia nacional, estamos ante la consolidación del Estado educador en Nicaragua.

La administración y gestión de la educación es una facultad estatal que había sido frustrada por diversos actores y procesos históricos en Nicaragua, primero por las oligarquías bajo un Estado conservador pos independiente, luego por el Estado burgués que impulsó una educación sectorial mínima y reproductora de las asimetrías sociales <so pretexto> de la libertad y la igualdad como valores supremos símbolo de la modernidad. Por último, en el período neoliberal la educación fue mercantilizada y se sustrajo la responsabilidad estatal de garantizarla como un derecho humano inherente.

La educación durante siglos había estado bajo la administración religiosa, arrogándose la potestad de formar la conciencia social y reproducir los valores favorables al orden social establecido. La Iglesia no solo se conformó con administrar los asuntos eclesiales o litúrgicos, sino que, fungió como un Estado, pretensiones de las que no ha renunciado, ocupándose de oficios terrenales como la educación ciudadana.

La educación ha sido un instrumento que ha servido para reproducir modelos de explotación, marginación y perpetuación de desigualdades y estamentos sociales. Pero también es un instrumento para la emancipación social y la transformación de las condiciones materiales y subjetivas de las personas. El Estado como garante de la vida en sociedad, tiene la facultad legítima de educar como única posibilidad para la cohesión social, bajo la condición política de ser una nación soberana e inalienable. Sin educación no hay posibilidad de impulsar el proyecto de nación, y esta educación para que sea legítima debe ser pública y popular.

Estamos en una etapa en que el Estado como institución política suprema asume el rol de ser un Estado educador, siendo esta una facultad legal y legítima y que le demanda garantizar la calidad, la universalidad y la gratuidad como principios irrenunciables y constitutivos de la sociedad y nacionalidad en Nicaragua.