El derecho a la educación en Nicaragua: 1980 ¨Año de la Alfabetización¨

 *Jonathan Flores*

Ningún derecho en la historia nacional y global se ha conseguido por la espontánea voluntad o por concesiones políticas de las clases dominantes tradicionales, sino al contrario, todos los derechos humanos que conocemos en la sociedad moderna y de los que cada ciudadano se adjudica con toda seguridad han sido el resultado de las luchas sociales complejas y en muchos casos dramáticas en diversos contextos históricos, sino habría que revisar las páginas de la historia donde se reflejan las trayectorias recorridas por las reivindicaciones de los derechos humanos, entre ellos,  el de la educación, siendo este de especial atención en este artículo.

Uno de los más fehacientes ejemplos estás de acciones colectivas las encontramos en el movimiento obrero tomando como referencia una de sus luchas más representativas, la reducción de la jornada laboral. Marx decía en El capital (Capítulo VIII) que: “la fijación de una jornada laboral normal es el producto de una guerra civil prolongada y más o menos encubierta entre la clase capitalista y la clase obrera”. La reducción de la jornada laboral a ocho horas fue conquistada no solo con pancartas, sino que, cobró muchas vidas humanas en diversos países del mundo.

Se puede decir que, el derecho a la educación como declaración formal se expresa en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU en 1948. En el artículo 26 de la misma establece:

 “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.” (ONU, 1948)

Sin embargo, las luchas populares por el derecho a la educación han tenido lugar a lo largo de todo el siglo XX. En Nicaragua, antes del último cuarto del siglo XX las élites políticas y económicas hicieron prevalecer el proyecto educativo conservador que servía como base legitimadora de la desigualdad y por consiguiente de la estratificación social “funcional” en una sociedad marcada por la idea de que la estructura social era rígida y estática, reforzando las prácticas de exclusión social y explotación sistémica de los sujetos y de los recursos.

Los derechos eran considerados privilegios de las clases dominantes. Este proyecto educativo conservador se mantuvo hasta el fin de la dictadura somocista. El reconocimiento formal del derecho a la educación como garantía y política de Estado se remonta en el siglo XIX.  En la constitución política de 1893 conocida como la Libérrima establecía en su artículo 50 que: “Se garantiza la libre enseñanza. La que se costee con fondos públicos será laica y la primaria será, además, gratuita y obligatoria [..]”. Aunque en el gobierno liberal de José Santos Zelaya (1893-1909) se establecieron cambios novedosos en la concepción educativa desde la perspectiva ideológica liberal, sobre todo en la educación primaria, sin embargo, la educación secundaria y universitaria seguían conservando su carácter elitista.

El modelo educativo laico impulsado por Zelaya contravino los intereses de la Iglesia Católica, institución otrora que tutelaba la educación, perpetuando con ella los valores tradicionales heredados desde la colonia. Y aunque antes del gobierno de Zelaya la Constitución Política de 1838 en su artículo 29 señalaba que: 

“Todo hombre puede libremente comunicar sus pensamientos por la palabra, por la escritura i por la imprenta, sin previa censura, siendo responsable ante la lei por el abuso de esta libertad”.

Igualmente, la Constitución Política de 1848 contemplaba que:

“Los derechos de los nicaragüenses son: 1º. la libertad de decir, escribir, imprimir, y publicar sus pensamientos,…” (CP, 1848: Art. 6).

Los cierto es que en ninguna se reconocía el derecho a la educación universal y gratuita. Irónicamente se les reconocía el derecho a expresar su pensamiento de forma escrita, pero sin la garantía estatal de aprender a leer y escribir.

Ya en plena mitad del siglo XX la constitución de 1950 establecía en el artículo 77. “La educación de los hijos es obligación primordial de los padres”. Seguidamente en el artículo. 78. “A los padres sin recursos económicos les asiste el derecho de reclamar el auxilio del Estado para la educación de la prole.” El analfabetismo estructural en Nicaragua era una condición histórica que perpetuaba la explotación y exclusión de las clases y grupos sociales marginados. La negación del derecho a la educación a las clases populares era la expresión de una Estado configurado legal y políticamente para mantener el statu quo de desigualdad social y explotación histórica.

La estructura social prerrevolucionaria de Nicaragua se sustentaba sobre un modelo de producción feudocolonial, basado en el dominio de la tierra por una élite de terratenientes protegidos por el aparato estatal, privando del derecho a la tierra a las masas campesinas. Estas condiciones del modelo socioeconómico se sustentaban sobre la explotación de la mano de obra campesina y estaba condicionada por el difícil acceso a la educación de los campesinos y por la falta de garantía por parte del Estado de Nicaragua.

En relación a la educación en esa etapa, las escuelas secundarias se encontraban reducidas al sector urbano quedando excluidos la población rural que escasas veces terminaban la primaria y en el más dramático de los casos no había oportunidad de ir a la escuela. Antes de 1980 según las estadísticas registradas reflejaban que el 52% de la población mayor de 10 años era analfabetas y en algunos sectores rondaba hasta el 80%.  Con el derrocamiento de la dictadura somocista y la instalación del nuevo gobierno revolucionario el sector de la educación pública cobró prioridad en la agenda de gobierno marcando con ello un hito sin precedentes en la historia educativa nacional. Era 1980 concebido como el “Año de la Alfabetización”.

La Gran Cruzada Nacional de Alfabetización “Héroes y Mártires por la Liberación de Nicaragua” (CNA) impulsada el 23 de marzo de 1980 por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional tras el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979, representa una de las estrategias revolucionarias más trascendentales del FSLN después del derrocamiento de la dictadura somocista. Ha sido considera una epopeya cultural con profundo tinte humanista y en la que por primera vez en la historia el pueblo se vuelca sobre sí mismo y a la vanguardia del FSLN para erradicar uno de los problemas estructurales más arraigados del país.

Los resultados de la CNA fueron significativos, reduciendo el analfabetismo de un 52% al 12.9%, logrando con ello la incorporación de los sujetos campesinos, obreros, jóvenes y adultos al modelo productivo nacional.

La educación pública, gratuita y universal representa a partir del año 2007 uno de los ejes prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo Humano. La educación en todas sus modalidades constituye un derecho humano fundamental de los nicaragüenses y la consolidación de este derecho ha tenido sus propios matices a lo largo de la historia. 

Fuentes

-Constitución Política de Nicaragua de 1838.

-Constitución Política de Nicaragua de1848.

-Constitución Política de Nicaragua de 1893.

-Constitución Política de Nicaragua de 1950.

-Informe sobre la Situación de los
 Derechos Humanos en la República de Nicaragua (1981).

*Este artículo ha sido publicado originalmente en el Semanario 42 del Centro de Estudios del Desarrollo Miguel d´Escoto Brockmann, 23 de marzo de 2021.*