NI LAS BALAS APACIGUAN EL ESTALLIDO SOCIAL EN PERÚ
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By Álvaro Verzi Rangel
El paro nacional continúa
en diferentes regiones de Perú, con 69 bloqueos viales en todo el país debido a
las manifestaciones contra el gobierno y el Congreso, con reivindicaciones
indígenas, campesinas y sociales, desde las zonas de la nación andina más ricas
en gas, minería y tierras agrícolas.
En Lima, la capital, bajo
la consigna “de esta lucha no nos sacan”, se congregaron miles en la plaza Dos
de Mayo, en una protesta que describieron como la más grande y con todas las
sangres, en alusión a la participación de varios grupos étnicos y sociales. Por
la noche, la policía dispersó con gases lacrimógenos a los manifestantes.
Mientras, el Congreso
impidió hasta agosto cualquier debate para adelantar las elecciones, previstas
para 2026, al cerrar una de las rutas para renovar a la presidenta Dina
Boluarte y al propio Parlamento, algo que exigen los manifestantes desde hace
casi dos meses.
Una serie de necropsias e
informes balísticos que forman parte de la investigación fiscal por homicidio
calificado confirman muertes de personas – no todos eran manifestantes– por
armas de uso militar. Al menos en 30 de los civiles asesinados durante las
protestas la causa de la muerte fue el impacto de proyectiles de arma de fuego
de carga única, es decir, fusiles o pistolas.
Las leyes peruanas y
estándares internacionales prohíben el uso de armas letales y de guerra para
controlar las manifestaciones. Incluso, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) recomienda que, cuando se trate de asuntos de control del orden
interno, no se incluya a las FF. AA, debido a que acarrea el riesgo de
violaciones de derechos humanos.
Las clases acomodadas,
antidemócratas y golpistas, nunca reconocieron el triunfo del maestro rural
Pedro Castillo y celebraron su destitución por el Congreso sin imaginar el caos
social que sobrevino, quizá porque viven en la burbuja limeña, no conocen el
país y se alimentan con la información que ellos mismos producen para engañar a
la población. No lo han logrado: el 75 por ciento de los peruanos quiere que la
presidenta de las matanzas se vaya, al igual que el Congreso.
Porque además de las
muertes, los heridos y las detenciones arbitrarias, la economía ha tenido
pérdidas de producción, cierre del turismo y daño en infraestructura pública y
privada por 625 millones de dólares (0,3% del PBI). Y eso aumenta la endémica
crisis social del país.
Los manifestantes exigen
la salida de Boluarte, la disolución del Congreso, convocatoria a elecciones
generales, cambio de la mesa directiva del Congreso (para evitar que asuma la
Presidencia del país el titular del Congreso, el general José Williams – quien
encabezó la liberación de 72 rehenes, cautivos durante 126 días tras el asalto
de miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru a la Embajada de Japón en
1997-) y referéndum constituyente. Y también la liberación de Pedro Castillo.
Una
democracia devaluada y secuestrada
Desde el fin del fujimorazo, Perú se encuentra
inmerso en un remolino político-institucional En las primeras décadas la
disfuncionalidad democrática se reflejaba en la impopularidad de los
presidentes, que terminaban sus mandatos sin lograr imponer un sucesor. En los
últimos años la espiral se aceleró: cinco presidentes en cinco años y cuatro
primeros ministros en los últimos seis meses. Si bien su economía es
considerada como la más dinámica de América Latina, el crecimiento se ha
concentrado en unas pocas actividades (minería en manos trasnacionales, sobre
todo) y que no se ha visto reflejado en una mejora de los niveles de igualdad
(sí de pobreza) ni en la construcción de servicios públicos decentes.
El malestar social no
suele ser resultado de la simple recesión económica sino de procesos de
modernización mal gestionados, que no logran (o no les interesa) incluir en
ellos a la mayoría de la sociedad, que es lo que sucede en Perú.
El proceso de
privatización y desposesión de los bienes públicos, iniciado en la década de
los noventa significo, primero, el cierre por extinción de las firmas peruanas
y luego, por liquidación, la cesión a terceros de los activos de esas empresas
y actividades económicas.
Luego, el proceso iniciado
con el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 se extiende a la compraventa de
los grandes circuitos de producción y consumo, la energía, la construcción, la
pesca, la industria y la minería, el turismo y el agro. Estas redes funcionaban
articuladas por empresas estatales a las que se le despojó de capacidades y
medios regulatorios como fuera el caso de la energía- Y se le sustituyó por los
tableros de planeamiento estratégico de los conglomerados no públicos.
La persistencia del modelo
neoliberal instaurado por Alberto Fujimori es clave para explicar la
inestabilidad política peruana. Aunque la coalición de izquierda que lideraba
Pedro Castillo fracasó, el intento del actual gobierno de recrear una alianza
conservadora al estilo de los 90 está en jaque por las inéditas movilizaciones
sociales que ya cobraron más de 60 asesinados.
La
movilización popular
Las masivas movilizaciones
hacia Lima son solventadas con aportes de comuneros y de las pequeñas y
medianas empresas regionales. En Lima, se organizan donaciones voluntarias de
dinero, alimentos, medicinas, colchonetas para albergar a los manifestantes.
Los escasos recursos son
administrados por delegados de las diferentes comunidades, algunos de los
cuales han sido detenidos portando desgastadas mochilas con exiguos recursos y
la lista de las personas a quienes debían entregar modestas cantidades de
dinero para su manutención. La fiscalía los acusa, sin prueba, de que los
orígenes de ese dinero son ilegítimos.
Dina Boluarte ha señalado
en reiteradas oportunidades, acompañada por una orquesta de medios de
comunicación y por la derecha, que los manifestantes están organizados por
grupos de narcotraficantes, la industria de la minería ilegal, remanentes de
Sendero Luminoso y activistas políticos de la vecina Bolivia, pese a que en una
entrevista con el New York Times, la canciller Ana Cecilia Gervasi, reconoció
que todavía no cuentan con pruebas de que las protestas hayan sido financiadas
o promovidas por estos grupos.
Es evidente que Boluarte
sigue el mismo libreto que usaron Lenin Moreno, Iván Duque y Sebastián Piñera
cuando en 2019 tuvieron lugar masivas protestas sociales en sus países: había
que atribuirlas a un agente externo y no al profundo malestar interno. Los
medios de comunicación hegemónicos.
También entonces, repetían
el mismo libreto: las protestas sociales en esos países revestían el mismo
patrón y que las brisas del régimen bolivariano y el régimen cubano traían
violencia, saqueos, destrucción y un propósito político de atacar directamente
el sistema democrático y tratar de forzar interrupciones en los mandatos
constitucionales.
En una versión actualizada
del viejo libreto nade in USA, Dina Boluarte apuntó al expresidente boliviano
Evo Morales y señaló que las balas con las que se ha asesinado a ciudadanos
peruanos provienen del extranjero – en referencia a Bolivia-, aunque se ha
comprobado que provinieron de la Policía nacional.
De poco le sirvió Boluarte
decir en la Organización de Estados Americanos (OEA) que el Perú ve con suma
preocupación que en la región “se vienen produciendo una serie de sucesos
promovidos por movimientos autoritarios de diversa índole que buscan asediar a
los procesos políticos institucionales democráticos”.
Siguiendo el guion
preparado por la embajada de EEUU en Lima resaltó a la OEA como el foro
político, jurídico, social y de cooperación hemisférica por excelencia, tras
las fuertes críticas que recibió de varios presidentes en la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC.), organismo de integración donde
no participan ni Estados Unidos ni Canadá.
El Nuncio Apostólico Paolo
Rocco Galtieri, colocó a la inequidad como núcleo de la crisis, descolocando al
gobierno. Mientras “una parte de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que
el mundo ofrece, como si los pobres no existieran, esto en algún momento tiene
sus consecuencias (…) Ignorar la existencia y los derechos de los demás, tarde
o temprano provoca alguna forma de violencia inesperada, como estamos siendo
testigos estos días”, señaló.
Rocco fue más allá y
advirtió sobre la necesidad de intervenir sobre las causas que la generan y
neutralizarla haciendo prevalecer siempre la fuerza de la ley, nunca la ley de
la fuerza.
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